¡ EXPROPIESE !

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A la tarde del lunes 8 de junio, en imprevista conferencia de prensa, el Presidente sorprendió a propios y extraños ordenando, por decreto de necesidad y urgencia (DNU), la intervención de la empresa Vicentin S.A que es la sexta empresa agroindustrial exportadora del país. Azorado, el argentino medio hizo lo que un día la Vicepresidenta de hoy había exhortado a su tropa… “mirar el norte”. Hizo eso y se topó con la Venezuela de Maduro.

Después del “Intervéngase”, vino el anuncio de envío de un proyecto de ley -que lo hará por la Cámara de Senadores-  para expropiar a la mencionada empresa… sosteniendo que esa era una decisión suya y no de la Vice Presidenta como mucho se sospecha al respecto.

Al berto Fernández, un par de día antes había ordenado a su Ministro de Desarrollo Social que en el Registro de trabajadores que viabiliza la asistencia social a los grupos vulnerables, se abriera un casillero para las “trabajadoras sexuales” que, de este modo podrían acceder a las ayudas del gobierno. Alborozo por un lado -las que se sentían felices- y alboroto por el otro del mismo sector,  que sostenían que eso y derogar el “cafiolismo” o proxenetismo, como jurídicamente se llama, e inclusive apolegetizar la trata… era más o menos lo mismo, además de propender al abuso sexual y a actitudes feminicidas. (Quizás el ex ministro de la CSJ, Ernesto Zaffaroni pueda dar buenas explicaciones al respecto, considerando aquellos departamentos suyos alquilados para el ejercicio de la prostitución sobre lo que se tendió un piadoso manto de silencio).  Bastó ese alboroto para que el casillero habilitado, en media hora se eliminara y el Presidente saliera de allí con otra preocupación: la de Vicentín, quizás algo más trascendente que la anterior.

DICEN QUE DICEN: Las lenguas “de doble filo” sostienen que el diseño lo urdió un ex Vice Presidente, ex Ministro de Economía, ex Jefe de la ANSES, ex asesor clandestino del gobierno actual de La Rioja… ex…  no ex,no…  sino es condenado con sentencia firme por actos de corrupción contra el Estado en la causa Ciccone. Amado Boudou ¿lo recuerda?.  Boudou lo “bocineó” en el sitio ultra kirchnerista “El destape” el domingo a la mañana, mientras el Presidente se desvivía, por entonces, respecto al derecho o no de las trabajadoras sexuales de tener su espacio en las alambicadas planillas que permiten la generosa ayuda estatal.

Alberto no hizo, en su alocución, la más mínima mención de la invalorable colaboración hecha desde su departamento de Puerto Madero por el ex funcionario que, de por vida no podrá acceder a un cargo público como reza la sentencia condenatoria (eso sí… con su tobillera electrónica). Pero… la prensa, esa horrible “calaña” de investigadores que pululan los ambientes políticos, advirtieron que entre el mensaje del Presidente y lo escrito por Boudou había muy pocas diferencias. Como que había muy pocas diferencias entre el mensaje de AF con los tantos que habían hecho años atrás el Cmte. Hugo Chavez y el chófer de ómnibus Nicolás Maduro en Venezuela, ambos como Presidentes. Sobre todo impactaba ese lenguaje tan contundente como que el fundamento radicaba en la “soberanía alimentaria”. Los argentinos tan propensos a conmovernos con la palabra “soberanía” nos desgarramos las vestiduras al oírla y de pie nos ponemos a cantar el himno,  mientras los chinos siguen pescando alegremente y sin que nadie los obstruya  -no hay con qué hacerlo-  en las aguas soberanas argentinas del Atlántico Sur y no tan sur.

Explosiones de alegría en el kirchnerismo duro  -ese que hubiera incendiado el país si las circunstancias de hoy las viviéramos con gobierno de otro signo partidario-  conformistas del kirchnerismo no tan duro y naturalmente del albertismo sorprendido de la maniobra de su jefe. Extrañeza de la oposición desmembrada y golpe imprevisto a los mercados que no imaginaron este atentado del Presidente que había hablado hace quince días de las ideas locas de estatizar parcialmente empresas en función de la asistencia financiera que el gobierno hacía a aquellas cerradas por la “ochentena” por el mismo en razón de la pandemia, del pico que nunca llega y la montaña de cadáveres con las que se amenazó siempre a la sociedad.

¿Y QUÉ PASO: Vicentín SA es una muy vieja empresa fundada en la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, 520 km al norte de Rosario. Dedicada a la exportación primaria primero, a la industrialización del producto después y a la diversificación de negocios en forma individual y en participaciones accionarias en el presente. Es poco imaginable las fuentes de trabajo directo que la misma genera y menos lo es las fuente indirectas que su actividad produce. Fruto de un manejo “non sancto” empresarial, que perjudicó notablemente a productores y proveedores,  debió presentarse en concurso preventivo abierto en la ciudad de Reconquista a la que pertenece en razón de la competencia territorial del ordenamiento procesal santafecino. En plena “feria ¿o siesta? judicial” ordenada por la CSJ local y cuando se estaban preparando grupos económicos del sector privado a licitar propuestas para asumir el saneamiento y la conducción de la empresa, conversaciones con los acreedores y todo el movimiento que cualquier empresa hace en este trance judicial (uno de esos grupos los piloteaba José Luis Manzano, ex ministro del Interior de Carlos Menem,  integrante del Grupo Uno que fuera dueño del diario “La Capital” de Rosario), se dicta esta “intervención” a la criolla  -sesgada de ideología-  que promueve la escandalosa reacción de la sociedad y hasta de la propia ciudad de Avellaneda movilizada con barbijos al instante de escribir esta nota.

Resulta insólito y tremendamente inconstitucional  -hecho que no suele preocupar al kirchnerismo-  que el Poder Ejecutivo Nacional se inmiscuya en una empresa de propiedad privada que ha cumplido rigurosamente con las normas procesales de una provincia que, se supone goza de autonomía plena  -con pandemia o sin ella-  institucional. ¿O no es este un país federal?

El alegato de que el principal acreedor es el Banco Nación  -que es de los argentinos-  y por eso se la expropia, cae sin alternativa alguna: de los cientos de empresas convocadas  -y de las que irán a hacerlo sobre todo después del drama de la cuarentena-  resulta habitual que el principal acreedor sea la AFIP, es decir, el Estado Argentino y a nadie se le ha ocurrido expropiar una empresa por esa razón. Ni siquiera se le pasó por la mente al Presidente, o a su Vice, expropiar OIL  -propiedad de Cristóbal López-  presentada a concurso en Buenos Aires por un monto tan importante como el de Vicentín y siendo lejos el principal acreedor la AFIP.

El argumento de la “soberanía alimentaria”, más allá de lo dicho anteriormente, no tiene consistencia jurídica ya que esa empresa ha seguido trabajando, ha seguido exportando, ha seguido produciendo su molienda en la localidad de Ricardone, en las cercanías de los puertos del Paraná y ha permitido el ingreso de dólares genuinos mediante esta actividad. Más aún, el Estado hubiera tenido la oportunidad de lucirse interviniendo en la Economía -paradigma que repite el hoy gobernador Kicillof-  ofreciéndole un crédito puente temporal al estilo del gobierno de Alemania a la empresa aeronáutica Lufthansa con una gran diferencia; esta última está en plena inactividad con los aviones en tierra sin saber cuándo podrá devolverlo, en tanto Vicentín está en plena actividad y seguirá estándolo en una de las actividades más dinámicas de la Economía al día de hoy.

Alberto Fernández ha optado por la peor decisión. Ha pensando en el aprovechamiento estatal al hacerse de los dólares que la actividad agropecuaria  -exportadora del yuyito de las banquinas-  genera,  sin pensar que después que superemos esta etapa se vendrá la “pandemia de la economía” destrozada que tenemos.

La idea de la Junta de Granos  -idea económica que podía tener algún fundamento allá en la mitad del siglo pasado aunque no se advierte a tenor de los resultados de países agroexportadores como Canadá, Estados, Unidos, Australia, Brasil que nunca la tuvieron-  flotaba en el ambiente y hoy se la menciona a Vicentín como eventual empresa testigo. Empresa testigo en una actividad tan transparente como la agrocomercial no se la justifica. Empresa testigo cuando la competencia es feroz en el mercado entre las pocas y propias empresas que practican la misma actividad. Nada de oligopolios colusivos. Estas empresas por cincuenta centavos de más o menos en la “secada” del producto se “matan” entre ellas para llevarse la carga. Por eso de qué ser “testigo”. Es una dolosa mentira que no tiene sustentabilidad económica.

Y alguien habrá pensado que al fin de esta pandemia la Argentina necesitará inversores. Inversores de magnitud que generen dólares genuinos con su actividad exportadora. Me queda la pregunta en medio del silencio… ¿Ud estimado lector o lectora si tuviera una empresa se le ocurriría invertir un peso en ella que queda al buen o mal humor de una persona que un día le da y al otro le quita la propiedad de la misma?… ¿si fuera accionista y director o directora de una empresa, votaría favorablemente invertir en la Argentina, un país donde desde la propia Presidencia de la Nación no se respeta su Constitución, sus leyes, sus nomas mientras el poder judicial -que debiera protegerlo- duerme una aletargada siesta?

Pienso que no es necesario ser científico para imaginar su respuesta. Y si quiere remontarse al pasado y a otras empresas para ver el antecedente allá vamos: Nos pasó con Aerolíneas Argentinas y el Grupo Marsans al que tuvimos que indemnizar por la soberanía de los cielos; con YPF y Repsol que, de ser deudor presunto de 10.000 millones de dólares por daño ambiental (según ministro de Economía Kicillof por aquel entonces) pasamos a ser deudores de esa suma en concepto indemnizatorio pero recuperando la soberanía energética; nos pasó con AYSA que nos llevó al CIADI (tribunal internacional) que nos condenó a pagarle 2.500 millones de dólares en función de resarcimiento de daño, aunque hayamos recuperado la soberanía del saneamiento ambiental

Como dicen los abogados: “a las prueba me remito” y vemos el formidable accionar de mala praxis gubernamental. Así estamos y peor aun, no aprendemos.